Esta pasada semana, con la publicación del borrador de los presupuestos de 2025 para las universidades madrileñas, hemos podido presenciar el último ataque de la cruzada neoliberal contra las universidades públicas. El raquítico aumento de los presupuestos, cuatro veces menor al que pedían los rectorados, pone en evidencia el plan del gobierno autonómico para desmantelar la educación superior madrileña.
La respuesta de nuestras universidades ante la asfixia de la enseñanza pública ha sido la difusión de comunicados y reuniones con su carnicera, la que sólo ha concedido un ligero aumento de la partida, un aumento del 4,2% contra el 18% que se pedía inicialmente. Sería muy optimista decir que han logrado algo.
La incapacidad de las universidades de combatir su abandono se traduce en la miseria para el estudiantado que ve como las únicas alternativas que proponen sus instituciones son reducciones de gasto en equipo e instalaciones, aumento del precio (ya alto de por sí) de los másteres, la búsqueda de financiación externa (abriendo todavía más si cabe la puerta de la universidad a la empresa privada) y, por supuesto, suspensiones de titulaciones que quedarán evidentemente sujetas a las leyes del mercado y afectarán principalmente, como podrán intuir las estudiantes de la URJC, a los grados con menos “demanda” de artes y humanidades. Cabe señalar también ante este ahogo de la enseñanza pública, que actualmente la Comunidad de Madrid cuenta con 6 universidades públicas frente a 13 universidades privadas. Esta situación refleja como la enseñanza superior se vende progresivamente al capital, instrumentalizando nuestra educación y nuestro conocimiento.
Por nuestra parte, como estudiantes, resulta imperativo señalar que la universidad es incapaz de ofrecernos una solución que no sea la gestión de nuestra miseria propiciada y agudizada por ellos: aceptan los recortes y aceptan la privatización mientras hacen malabares con la calderilla que se les cede desde el gobierno autonómico. Así, las estudiantes veremos como nos quitan la calefacción alegando preocupación por “concienciar sobre el gasto energético”, como nuestros materiales, cada vez más obsoletos y en peor estado, y nuestras becas quedarán en manos de la empresa privada. Por si cabía duda de la ineficacia de la institución universitaria, este mismo inicio de curso académico 2024-2025 en la URJC hemos atendido a como se han despedido a más de 300 profesores tras la entrada en vigor en marzo de 2023 la nueva Ley de Universidades (LOSU), dejando así a cientos de alumnos sin docencia; a éstos, la universidad tan sólo pudo ofrecerles como solución su desmatriculación en los grados afectados.
Resulta también curioso la simultaneidad con la que se han publicado los comunicados desde las universidades y sus consejos de estudiantes llamando a la movilización del estudiantado ofreciéndonos la enésima prueba de que, para ellos, somos una herramienta de usar y tirar.
No tienen escrúpulos para reprimir y censurar el movimiento estudiantil, para permitir la entrada semana tras semana de la policía en nuestros campus. Este esperpento de hipocresía apareció en todo su esplendor hace ya dos años cuando el rectorado de la Complutense convocó a la policía nacional con el fin de impedir la entrada de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Información para imposibilitar que interrumpieran el nombramiento como alumna ilustre de Ayuso, contra quien pretende ahora que luchen sus estudiantes.
Porque sí es cierto que el estudiantado debe alzar su voz y protestar contra la privatización y tecnificación de la universidad, pero debe hacerlo entendiendo que una educación verdaderamente digna sólo puede alcanzarse mediante la organización independiente de las estudiantes y la construcción de una universidad que ponga en valía el desarrollo humanístico libre de las dinámicas del capital.
Contra nuestra instrumentalización: organización.
Contra la miseria y sus gestores: organización
Contra la privatización y tecnificación: organización