2025 en redondo
El pasado 2025 estuvo marcado por tres ciclos de movilizaciones en defensa de la educación pública en Madrid. Este texto busca ofrecer una visión panorámica (enfocada especialmente en la situación de la Universidad Rey Juan Carlos) de sus causas, desarrollo, consecuencias y las lecciones que podemos extraer de estas. Solo mediante la reflexión podemos comprender en qué hemos acertado, en qué hemos fallado y de qué forma podemos solucionar esos errores.
El primero de estos ciclos, en febrero, se caracterizó por la formación de las Plataformas x la Pública en las universidades con vistas a la manifestación del 23F -la plataforma URJC x la pública, en concreto, se creó el 20 de febrero del pasado año-. Estas plataformas buscaron organizar conjuntamente al profesorado, estudiantado y las trabajadoras de la universidad afectadas por la política de privatización y recortes de la Comunidad Autónoma. La movilización se dió también fuera de las universidades y, en este sentido, es importante reconocer el protagonismo de la docencia de colegios e institutos agrupada en la Asamblea Menos Lectivas.
Esta primera manifestación, que reunió entre 25.000 (según la delegación de gobierno) y 100.000 personas (según las organizaciones convocantes) no se entendió como un fin en sí mismo, sino como un primer paso hacia objetivos más ambiciosos. Se habían puesto de manifiesto las tensiones que existían dentro de la educación pública y la Comunidad Autónoma se vió obligada a negociar con los sindicatos de concertación de la mesa sectorial (CCOO, UGT, CSIF y ANPE). Sin embargo, el acuerdo al que llegaron fue un insulto al profesorado, que tomó conciencia de que no podía confiar en los sindicatos de concertación y el único camino que podía tomar para satisfacer sus demandas era la huelga.
Llegamos así, a la huelga convocada por Menos Lectivas para el 28 y 29 de abril, que fue secundada el día 28 por las universidades. El trabajo agitativo y organizativo que iba a culminar en una gran manifestación por la tarde en Atocha fue interrumpido por el Apagón, la interrupción del transporte y la comunicación y la subsiguiente paralización de la actividad en todo el estado español. El segundo día de huelga, tras la restauración de la normalidad, sí se llevó a cabo, con un seguimiento de en torno al 20% del profesorado, según Menos Lectivas.
El trabajo interno entre las Plataformas x la Pública de las distintas universidades había continuado todos estos meses. En el caso de la URJC, la coordinación entre estudiantes y profesorado, que había tenido dificultades en un primer momento por la aparición casi simultánea de dos grupos diferentes en defensa de la pública, se había ido perfilando. Con el inicio del nuevo curso, estaba claro que existía ya una única plataforma en la universidad capaz de combatir la privatización.
Meses después, en octubre, la asfixia presupuestaria de las universidades reaviva la llama de la organización. La movilización se orienta alrededor de dos ejes principales; primero, continuaba la amenaza de los presupuestos universitarios aprobados el pasado año y segundo, la situación límite a la que llegaron las universidades a causa de estos, que se vieron incapaces de pagar las nóminas de final de año. Actualmente la Complutense tiene un préstamo de 34,5 millones de euros con la Comunidad de Madrid, después de que fuera “rescatada” por esta última el pasado octubre. La URJC, al borde de la quiebra, podría ser la segunda universidad en verse en esa situación.
La amenaza del borrador de la Ley de ordenamiento de la enseñanza universitaria (la LESUC) seguía oscilando sobre nuestras cabezas, como el clavo final de la política de asfixia financiera a la que han sido sujetas las universidades y dando paso a la privatización de la enseñanza universitaria pública. Además de ser un golpe frontal a la movilización estudiantil de la mano de sanciones inasumibles.
Las estudiantes empiezan así a organizarse en asambleas junto a las trabajadoras caminando hacia la huelga interuniversitaria de noviembre. La naturaleza autonómica del conflicto llevó a la creación de una coordinadora interuniversitaria que tenía el objetivo de negociar con la CAM. Las seis Universidades Públicas Madrileñas convocaron huelga de trabajadores, estudiantes y docentes para los días 26 y 27 de noviembre. Esto supuso un mes de charlas informativas, clases en la calle y asambleas con el objetivo de difundir la situación de las universidades y llamar a la manifestación y a la huelga.
Hablamos de una movilización estudiantil y de trabajadores que hacía años que no se veía en nuestra universidad. Aulas vacías, bibliotecas cerradas y 70.000 personas en las calles. Otro gran paso al frente en la defensa de la universidad pública. Un gran paso que debe ser el primero de muchos. Las universidades han dado un golpe sobre la mesa, han hecho una demostración de fuerza, pero esta fuerza debe ahora ser capaz de golpear decididamente cada vez que se la ataque.
Esta idea ya quedó patente en la asamblea general de interunis del pasado 14 de febrero. A las trabajadoras y estudiantes nos ha quedado más que claro que la herramienta más eficaz de lucha es la huelga, que no solo no vamos a ceder un solo milímetro frente a los embates privatizadores del gobierno central y autonómico, sino que debemos avanzar hacia una universidad por y para la clase trabajadora.
La privatización
Las movilizaciones dentro de la universidad, cómo ya se ha mencionado antes, nacen a raíz de la nueva legislación universitaria que impulsa el gobierno autonómico del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Estas nuevas leyes tienen un objetivo bastante claro: la privatización. Sin embargo, hemos de entender las distintas líneas políticas que se usan para impulsarla.
En primer lugar tenemos la promoción de nuevas universidades privadas. En 2026 existen trece universidades privadas madrileñas frente a seis públicas. En 2016, existían tan solo ocho privadas. La intención patente es crear un sistema de universidades privadas que acabe sustituyendo al público. Pero la creación de universidades privadas no es suficiente para transformarlas en una alternativa real a la pública, que no únicamente suele gozar de más “prestigio” o “calidad”, sino que son mucho más asequibles y permiten, de esta forma, su acceso a amplios sectores de la clase trabajadora. Para transformar a la privada en una opción real es necesario estrangular primero a su rival. El resto de líneas que atraviesan esta legislación van en sintonía con esta idea.
Por ejemplo, tenemos la reducción de los presupuestos universitarios. En el caso de la Universidad Complutense de Madrid, se daría un recorte del 18% del presupuesto en comparación con el de 2008. En lo que nos concierne más directamente, la situación de infrafinanciación de la URJC es todavía más flagrante, puesto que cv ç recibe un 9% del presupuesto universitario autonómico haciéndose cargo del 20% del alumnado de la comunidad.
A la reducción de la partida presupuestaria de las universidades, se añade un nuevo plan de financiación que establece que un 30% de los presupuestos de las universidades no procederán de la Comunidad de Madrid. Esto genera una inestabilidad económica que fuerza a las universidades a recurrir a fondos externos privados. El resultado es la dependencia de la universidad pública de fondos privados o, en otras palabras, el control privado de la financiación universitaria.
Además del control económico, esta legislación -aunque aquí el avance principal lo haya hecho la LOSU, promulgada por el gobierno central progresista- otorga al sector privado también parte del poder político universitario. Esto es, en la empresa privada entra en los órganos de gobierno de la universidad.
Este control político se ejecuta principalmente vía el Consejo Social. Un órgano que sobre el papel es un puente entre la universidad y el tejido social que la rodea, aunque este tejido social se materializa en la entrada en los órganos de decisión universitario de representantes del capital. En la URJC, estos asientos están ocupados por los culos de Alejandro San Nicolás Medina (miembro de la junta directiva del CEIM, la sucursal madrileña de la CEOE) y Segundo de Pablo Alonso (presidente de un centro de investigación privado). En un plano autonómico superior, dentro del consejo de enseñanzas superiores de la Comunidad de Madrid, también habría tres cargos ocupados por representantes patronales.
La reducción de los presupuestos, asimismo, supone un empeoramiento de la calidad educativa que las universidades son capaces de ofrecer: se dispone de menos materiales, las instalaciones se deterioran progresivamente o se limita su uso al tener que estar “patrocinadas” por empresas privadas (existen en nuestra universidad laboratorios, por ejemplo, patrocinados por empresas privadas que limitan a los estudiantes el tipo de investigación que quieran realizar según sus intereses), las plazas que quedan vacantes no se renuevan… El deterioro que se provoca hoy del sistema público se utilizará mañana para argumentar que no funciona y que debe ser, por lo tanto, sustituido por uno privado y “más eficiente”.
Esta justificación la descubrimos ya en los ataques frontales a los conocimientos artísticos y humanísticos, cuya defensa no debe basarse en otorgarles un valor abstracto que los haga superiores a otras disciplinas, sino entender que es la punta de lanza que pretende expulsar a la clase trabajadora de la universidad. En la URJC ya hemos visto cómo se eliminaron dobles grados de humanidades o cómo peligra la presencia, única en todo el estado, de las enseñanzas de artes visuales y baile en la universidad pública -mediante un centro adscrito privado-.
Hemos llegado, finalmente, a la consecuencia principal que tienen los procesos de privatización (aunque no la causa, como veremos después). La privatización total de la universidad supone necesariamente que buena parte de los sectores proletarios que hoy sí pueden permitirse el acceso a la educación superior, no puedan el día de mañana. Los sectores que sí puedan seguir accediendo a la universidad (aquellos integrados en las “clases medias”) seguramente tendrán que endeudarse con préstamos en un sistema de financiación parecido al que ya existe hoy en los Estados Unidos.
La represión
La nueva ley autonómica de universidades incluye la entrada de un nuevo régimen sancionador que criminaliza acciones como la manifestación no autorizada, la “ocupación” de espacios universitarios o simplemente colgar pancartas o cartelería “no autorizada”. Estas infracciones podrían ser penalizadas con multas de entre 300 y 15.000 euros o sanciones de entre 15.000 y 100.000 euros.
No es necesario ser un maestro de la matemática para entender que estas sumas son inasumibles para la mayor parte del estudiantado, de la misma forma en que no hace falta un desmesurado genio político para darse cuenta de que el fin que persigue este régimen es aplastar el movimiento estudiantil.
Bajo la excusa de la libertad de expresión -que, para los que no tengan el diccionario de la comunidad a mano, significa la libre entrada de fascistas, sionistas y discursos reaccionarios en la universidad- se persigue precisamente la libertad de organizarse al margen de la institución universitaria, de desarrollar un programa político propio del estudiantado que no tenga que pasar por los filtros de burócratas.
Esta excusa, curiosamente, llega al mismo tiempo que la legislación que va a deteriorar seriamente la calidad de la educación universitaria. Ni queremos atribuirnos esta observación, ni es siquiera la primera vez que señalamos este fenómeno, pero no es casualidad que se firmen leyes represivas cada vez que se va a producir un empeoramiento en la vida de la clase trabajadora. Tenemos mil ejemplos fuera de la universidad, como la militarización de los desahucios en medio de una crisis cada vez mayor de acceso a la vivienda o la persecución del sindicalismo de clase al mismo tiempo que el capitalismo desacelera (y el capital se ve en la necesidad de aumentar la extracción de plusvalor).
Estas medidas, que buscan desalentar la autoorganización de nuestra clase, deben ser entendidas cómo la enésima prueba de que existen unos intereses irreconciliables, que llevan irremediablemente a la imposición- por la fuerza si es necesario- de un programa que atenta directamente contra la clase trabajadora. Para poder combatirlo es necesario primero aceptar que, efectivamente, debe ser combatido y, después, plantearse cuál es la mejor forma de librar ese combate.
Reforma o contrarrevolución
En el título de este apartado, que a los más avispados les habrá recordado al famoso libro de Luxemburgo, la o no tiene un significado disyuntivo (esto es, dos opciones de entre las que debamos elegir una), sino que señala dos formas distintas de llamar a un mismo partido político. Debemos aclarar también, que con partido no nos referimos a una organización política concreta, sino a los partidarios de un programa político que puede ser defendido por diferentes organizaciones con sus propias luchas intestinas o extestinas.
Su programa político se basa en la premisa de que el capitalismo es un sistema reformable. En otras palabras, que las consecuencias más nefastas de su modelo son “fallos” producidos por un mal funcionamiento que, si fuera reparado, sí sería eficaz. Abogan por una restauración del pacto de clases en la que los capitalistas ceden una parte de sus ganancias al estado, que se asegura de conceder unas mejores condiciones de vida a la clase trabajadora. Esto es, un capitalismo no salvaje o un capitalismo amable. Esto se vería reflejado en servicios públicos, un mayor acceso a la vivienda en propiedad o la posibilidad de sumarse a la pequeña burguesía y genera un efecto ideológico en el que sectores trabajadores, que entren en ese pacto interclasista, ven el estado como el garante de sus intereses en lugar de una herramienta de dominio de clase. Dicho de otro modo, es el origen de la clase media.
Esta posición se puede encontrar en los partidos de la izquierda institucional, incluyendo aquellos surgidos del ciclo de movilizaciones del 15M (PSOE, IU, el PCE, Podemos, Más Madrid, Sumar…), los sindicatos de concertación (CCOO, UGT…) y, por supuesto, a un nivel más amplio, sectores sociales que lo han asumido como propio.
Lo que no pueden o quieren entender es que las dinámicas de privatización (de las que ellos han formado parte, por otro lado) no se deben a que Isabel Díaz Ayuso sea una fuerza del mal (una teoría que tampoco queremos descartar), sino que nacen de las propias dinámicas internas del capital. A medida que se acerca una crisis de acumulación, los capitalistas deben introducir nuevos espacios al mercado, para poder extraer de ellos beneficios que no logran obtener del resto de sus negocios. Además, hay que tener en cuenta que si los servicios públicos aparecieron en un primer momento, fue por el pánico que infundía el movimiento obrero a los países de occidente, un movimiento obrero que hoy ha perdido gran parte de su fuerza (al menos en Europa).
Creemos que es interesante traer este partido a colación por varios motivos. El primero de ellos es, que al estar la LESUC impulsada por el gobierno autonómico del Partido Popular, estas organizaciones políticas pueden intentar apropiarse de las movilizaciones y hacer ver que su rol de oposición en el juego parlamentario tiene un apoyo popular detrás. El segundo, que está relacionado con lo anterior, es que su implicación en cualquier espacio de lucha pasa por intentar reducir su combatividad, ya sea mediante su integración en las instituciones o burocracias o directamente la traición (como fue el caso de los sindicatos de concertación en Menos Lectivas).
Si a esto le sumamos que fue un gobierno reformista el que aprobó la LOSU y la LCU, una serie de leyes que instauran el marco en el que se mueve la LESUC y que apuestan también por la entrada de la empresa en la universidad y la privatización, debemos llegar necesariamente a la conclusión de que nuestro papel debe ser señalar como cómplices y responsables a estas organizaciones cuando intenten cooptar nuestras luchas. Nuestra respuesta debe pasar por el sindicalismo combativo, por la generación de una fuerza de clase que sea capaz de plantar batalla y no se deje embaucar por los cantos de sirena del reformismo.
Situación en la universidad
La comunidad universitaria es un ecosistema complejo donde conviven multitud de posiciones. Un entendimiento del movimiento por la pública debe pasar necesariamente por su efectividad a la hora de mover ciertas capas. Esto nos permite también estudiar si existen sectores en los que no haya calado, si nos interesa movilizarlos y cómo podemos hacerlo. Este análisis, por supuesto, se va a enfocar únicamente en la Universidad Rey Juan Carlos.
En primer lugar, el profesorado es la facción más afectada -inmediatamente, al menos- por los recortes y, en consecuencia, es también la que ha llevado la voz cantante. No obstante, es un grupo con una gran diversidad interna y son los sectores con peores condiciones los que han formado parte del movimiento (doctorandos, profesores ayudantes…), mientras que aquellos con mayor estabilidad en la universidad (titulares, catedráticos…) han tenido un papel más pasivo, indiferente e incluso reaccionario. Si los primeros se mueven porque los recortes les afectan directamente, los segundos lo harán por convicciones personales o ideológicas.
El resto de trabajadoras de la universidad (PTGAS) son otro sector clave para movilizar, tanto por estar afectadas directamente por los recortes y privatización, como por su capacidad en huelga de parar la universidad. Su incidencia fue clave en la pasada huelga, por ejemplo, para el cierre de las bibliotecas y contar con su apoyo es clave para escalar la acción en una posible nueva huelga. Otro factor que consideramos relevante es la baja presencia de sindicatos de clase y combativos dentro de la URJC, lo que la impide alcanzar ciertos niveles de conflictividad a los que sí pueden llegar otras universidades con mayor presencia de estos sindicatos.
Las burocracias universitarias son, por desgracia, otro agente que debemos estudiar. Su papel, encabezado por el rector, es servil ante la Comunidad Autónoma, pero puede utilizar en ciertos momentos las movilizaciones como arma de choque para obtener mayor fuerza en la negociación. Podemos recordar cómo los rectores llamaron a la comunidad universitaria a movilizarse tras la amenaza de los nuevos presupuestos (que luego aceptaron tras una subida mínima), pero no han tenido ningún reparo en utilizar a la seguridad privada o a la policía para amedrentar al estudiantado. En definitiva, se van a conformar con las migajas que les tire la comunidad si con ellas pueden mantenerse en su puesto, pero no van a tener escrúpulos a la hora de tirar por la borda a trabajadoras y estudiantes.
El estudiantado, por su parte, presenta distintos niveles de concienciación y, al no estar afectado inmediatamente en sus condiciones materiales por los recortes y la legislación, no ha estado involucrado masivamente en el movimiento por la pública en la URJC. Además, tiene ciertas debilidades como fuerza social como la imposibilidad que tiene para ejecutar una huelga y paralizar la universidad (tiene un derecho al paro académico, pero que debe ser convocado a través del nido de arribistas que es el Consejo de Estudiantes), al ser más el receptor de un servicio que el motor de este.
No obstante, las estudiantes tienen el potencial de ser la fuerza más enérgica y combativa dentro de la universidad. Es por esto que las estudiantes organizadas debemos esforzarnos por impulsar cada sismo social en la universidad, por llevarlo a su límite y algo más allá. Ya avisaba Miguel Hernández:
La juventud siempre empuja
la juventud siempre vence
En nuestras manos queda demostrar la verdad de sus palabras.